¿QUIEN DEBE HACER LAS LEYES?

Por Manuel CARMONA

En #México solemos exigir que un médico tenga título para operar, que un ingeniero esté preparado para construir un puente o que un juez sea abogado para impartir justicia. Sin embargo, paradójicamente, no exigimos preparación académica específica a quienes tienen la enorme responsabilidad de elaborar las leyes que rigen la vida de más de 130 millones de personas.

Durante décadas, la política mexicana ha confundido representación popular con improvisación. El resultado ha sido un #Congreso integrado, en no pocos casos, por personajes cuya principal credencial ha sido la fama alcanzada en los escenarios, la #televisión, el deporte o las redes sociales, y no una preparación acorde con la complejidad de la función legislativa.

No se trata de despreciar ninguna profesión. Un artista, un deportista o un empresario merecen el mismo respeto que cualquier otro ciudadano. Lo que debe debatirse es si la elaboración de las leyes puede seguir siendo una actividad para la cual no se exige el conocimiento técnico mínimo que la propia naturaleza del cargo reclama.

Legislar exige interpretar la Constitución, comprender el sistema jurídico, analizar el impacto de las normas, armonizar leyes, proteger derechos humanos y prever consecuencias económicas y sociales. Es una actividad eminentemente jurídica. Por ello, resulta razonable sostener que quienes aspiren a convertirse en diputados deban acreditar una formación profesional en Derecho.

La democracia no pierde cuando eleva sus estándares; por el contrario, se fortalece. Nadie sostiene que exigir un título universitario a un médico sea discriminatorio. Entonces, ¿por qué habría de serlo cuando se trata de quienes redactan las leyes que regulan la libertad, el patrimonio y los derechos de todos los ciudadanos?

México necesita profesionalizar la actividad parlamentaria. Ha llegado el momento de discutir reformas constitucionales que establezcan requisitos de escolaridad para acceder al Poder Legislativo y que, preferentemente, exijan el título de licenciado en Derecho como condición para ocupar una curul.

No se trata de construir un Congreso de élites, sino de construir un Congreso de capacidades. La representación política debe ir acompañada de competencia profesional. La popularidad jamás debería sustituir al conocimiento cuando están en juego las instituciones del Estado.

Si queremos mejores leyes, necesitamos mejores legisladores. Si aspiramos a recuperar la confianza ciudadana, debemos devolverle prestigio al Parlamento. La política dejará de ser vista como un refugio de celebridades cuando vuelva a convertirse en el espacio donde deliberan mujeres y hombres preparados para comprender la dimensión jurídica de sus decisiones.

Las leyes son demasiado importantes para quedar en manos de la improvisación. La democracia mexicana merece representantes populares, sí, pero también legisladores profesionales.