Contrato millonario del Infonavit en Hidalgo desata señalamientos de conflicto de interés contra diputado de Morena
EL BOCÓN
Zempoala.—– La asignación de un contrato federal por casi mil millones de pesos para la construcción de vivienda social en Hidalgo ha colocado bajo el escrutinio público al diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, luego de que se confirmara que la empresa beneficiada pertenece a sus hermanos, lo que ha generado señalamientos de un posible conflicto de interés.
El contrato fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la edificación de 1,808 viviendas del programa Vivienda del Bienestar en el municipio de Zempoala.
La obra quedó en manos de la empresa AGICRESA, S.A. de C.V., propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, familiares directos del legislador hidalguense.
De acuerdo con información publicada en diversos medios, el monto total del contrato asciende a 993 millones 948 mil pesos, lo que representa un pago aproximado de 599 mil pesos por vivienda, además de un ingreso adicional por concepto de suelo estimado en 50 mil pesos por cada casa, lo que incrementa el valor económico del proyecto para la empresa.
El origen de la polémica
Aunque hasta el momento no existe una resolución oficial que acredite irregularidades, el caso ha despertado cuestionamientos debido al parentesco directo entre los propietarios de la empresa y un diputado federal en funciones, lo que ha llevado a especialistas y actores políticos a señalar un posible uso de influencia o, al menos, una omisión en los principios de prevención de conflictos de interés.
La controversia se da, además, en un contexto en el que el gobierno federal y el partido en el poder han reiterado su compromiso con el combate al nepotismo, la corrupción y el uso indebido de recursos públicos, lo que ha incrementado el impacto político del caso.
Ante los señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la necesidad de revisar el proceso de adjudicación y señaló que, de comprobarse un conflicto de interés, el contrato podría ser suspendido o cancelado, al subrayar que este tipo de situaciones no deben repetirse en la administración pública.
En contraste, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvo que no se puede excluir a una empresa de un proceso de licitación únicamente por el parentesco de sus dueños con un servidor público, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales y no exista una falta administrativa comprobada.
AGICRESA, S.A. de C.V. es una empresa constituida desde 2005 y ha obtenido contratos de obra pública en administraciones anteriores en Hidalgo.
Sin embargo, la magnitud del contrato del Infonavit y la relación familiar con un legislador federal han convertido este proyecto en un caso emblemático sobre los límites entre la legalidad y la ética en el ejercicio del poder público.
El caso permanece en revisión y se espera que las autoridades federales determinen si la adjudicación cumplió plenamente con la normatividad vigente o si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos.
La resolución será clave no solo para el futuro del contrato, sino para la credibilidad de las políticas de transparencia del actual gobierno.
