Cae contadora del CJNG

Ofrecía FBI hasta 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la mujer de Puerto Vallarta que dirigía la red de fraude de tiempos compartidos del cártel

MARCOS H. VALERIO

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó durante más de una década una sofisticada red de fraude contra propietarios de tiempos compartidos en México. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, solo entre 2019 y 2024 la estafa generó pérdidas cercanas a los 350 millones de dólares. Cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses cayeron en la trampa, de acuerdo con la acusación formal presentada en un tribunal federal de Brooklyn.

Cabe destacar que, el dinero no se quedó en bolsillos particulares. Fluyó directamente hacia las arcas del CJNG para financiar el tráfico de drogas y la violencia que caracteriza al grupo criminal.

En el centro de la operación aparece Griselda Margarita Arredondo Pinzón, contadora originaria de Puerto Vallarta y media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, un mando de alto rango del cártel.

Desde una oficina central, ella supervisaba la captación de fondos en los centros de llamadas instalados en Jalisco. Su hermano, por su parte, controlaba la red financiera que blanqueaba el dinero para comprar y distribuir narcóticos en territorio estadounidense.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Montero Pinzón carga, además, con una acusación adicional: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, categoría que Washington asignó al CJNG en febrero de 2025. El FBI ofrece hasta dos millones de dólares por información que conduzca a la captura de Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

La operación comenzó al menos en 2012 bajo un esquema de pago por adelantado. Los estafadores contactaban por teléfono a propietarios de tiempos compartidos en México y les ofrecían una salida aparentemente sencilla: alquilar o revender su propiedad sin complicaciones.

Con documentos falsificados y sitios web fraudulentos, los convencían de transferir dinero por “tarifas administrativas” e “impuestos”. La promesa era recuperar sumas mayores. Los fondos nunca llegaron.

El engaño tenía una segunda fase aún más cruel. Cuando la víctima ya había perdido su dinero, los mismos operadores volvían a llamar haciéndose pasar por abogados o funcionarios gubernamentales. Les aseguraban que podían recuperar lo perdido… a cambio de una nueva cuota por adelantado.