Formal prisión para Tomás Yarrington
▪️Además de nexos con el crimen organizado, acusado de adquirir bienes con recursos ilícitos durante su mandato
MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN
La justicia ha dado un paso contundente contra la impunidad al dictar un auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), por los delitos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Es decir, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), acusó al expolítico de financiar la compra de inmuebles con recursos ilícitos durante su mandato, consolidando una red criminal que operaba con impunidad en la entidad fronteriza.
Según la FGR, Yarrington incurrió en “operaciones con recursos de procedencia ilícita” al adquirir, por interpósita persona, bienes dentro y fuera de México con pleno conocimiento de que provenían de actividades delictivas.
Actualmente, el exgobernador se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número Uno, Altiplano, en el Estado de México, mientras enfrenta otro proceso penal por delitos contra la salud, específicamente por colaborar en actividades que facilitaron el narcotráfico, según un segundo auto de formal prisión.
El caso de Yarrington, quien alguna vez aspiró a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, es un reflejo de la corrupción que marcó su trayectoria. Detenido en 2017 en Florencia, Italia, gracias a una ficha roja de Interpol solicitada por México, fue extraditado a Estados Unidos en 2018.
Allí, una corte federal en Texas lo declaró culpable de aceptar sobornos millonarios de cárteles, incluido el Cártel del Golfo, a cambio de facilitar sus operaciones en Tamaulipas. Sentenciado a nueve años de prisión, Yarrington obtuvo una liberación anticipada en julio de 2024 por motivos no aclarados públicamente, antes de ser deportado a México a través de la Garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California.
La investigación de la FGR detalla cómo Yarrington, durante su gestión, tejió una red de complicidades que permitió el enriquecimiento ilícito y el fortalecimiento de grupos criminales en Tamaulipas, un estado clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Los cargos actuales se centran en la adquisición de propiedades con dinero sucio, un esquema que, según las autoridades, involucró a prestanombres y transferencias internacionales para ocultar el origen de los fondos.
El caso no solo expone la magnitud de la corrupción en los círculos políticos de México, sino también la cooperación internacional para combatirla. La detención de Yarrington en Italia, su procesamiento en Estados Unidos y su actual encarcelamiento en México reflejan un esfuerzo conjunto para desmantelar redes que, durante décadas, aprovecharon el poder público para enriquecerse a costa de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la liberación anticipada de Yarrington en Estados Unidos ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos o influencias que aún persisten.
Mientras el proceso avanza en el Altiplano, la sociedad tamaulipeca y mexicana observa con atención. El caso de Yarrington, un político que alguna vez fue considerado una figura prominente del PRI, es un recordatorio de los costos de la corrupción y de la urgencia de fortalecer las instituciones para evitar que casos como este se repitan.
La próxima audiencia, programada para las próximas semanas, podría esclarecer más detalles sobre la red de complicidades que permitió a Yarrington operar durante años en la impunidad.
