FGR tras María amparo Casar por pensión millonaria
Fiscalía acusa a presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción de uso ilícito de atribuciones
MARCOS H. VALERIO
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la carpeta de investigación contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el otorgamiento irregular de una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, se solicitó audiencia inicial contra Casar Pérez y otras dos personas para imputarles el delito previsto en el artículo 217, fracción II del Código Penal Federal vigente en aquel momento.
El caso se centra en la pensión posmortem que recibió Casar tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Pemex, quien murió el 7 de octubre de 2004 al caer del piso 12 del edificio principal de la paraestatal. La muerte fue clasificada oficialmente como suicidio.
Márquez Padilla había ingresado a Pemex apenas el 1 de junio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, y permaneció 129 días en el cargo.
Solo 12 días después del deceso, el 19 de octubre de 2004, se solicitó el pago inmediato de la pensión a los beneficiarios, la cual comenzó a correr con efectos retroactivos al día siguiente de la muerte.
En mayo de 2024, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, denunció públicamente que María Amparo Casar habría causado un quebranto a la empresa por más de 31 millones de pesos al percibir mensualmente alrededor de 125 mil pesos durante casi 20 años.
Tras la denuncia, Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024. Casar promovió un juicio de amparo y un juez federal ordenó a la empresa reintegrar los recursos, decisión que sigue vigente.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia inicial contra María Amparo Casar y los otros dos imputados está programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en que la FGR expondrá los datos de prueba y las conductas conductas que se les atribuyen.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede cometerse tanto por servidores públicos como por particulares que obtengan autorizaciones o beneficios económicos indebidos. La pena prevista va de 6 meses a 12 años de prisión, además de multa de 30 a 150 días.
