¡Basta de improvisadosen el Congreso!

CHARLAS DE TABERNA

MARCOS H. VALERIO

En Puebla ya no bastan las buenas intenciones ni el carisma de redes sociales. Un grupo de ciudadanos cansados de ver cómo llegan a la máxima tribuna legislativa personas sin la mínima preparación jurídica está exigiendo al Congreso del Estado que saque del baúl una iniciativa ciudadana presentada el 23 de junio pasado.

La demanda es clara y contundente: reformar el artículo 36 de la Constitución local para que, a partir de las elecciones del próximo año, quien aspire a ser diputado deba acreditar estudios universitarios en Derecho, título y cédula profesional como abogado.

Así lo planteó en entrevista Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público. La organización, presidida por Alejandro Ruiz Cabrera, argumenta que los actuales requisitos —ser ciudadano del estado, tener 18 años cumplidos y saber leer y escribir— son tan mínimos que prácticamente no existen filtros. El resultado, denuncian, ha sido la proliferación de legisladores improvisados, sin herramientas técnicas para elaborar leyes, decretos y reformas de calidad.

“Queremos cerrar el camino a las Neys Salvatoris”, resume Carmona Sosa, en alusión a aquellas figuras mediáticas o de popularidad pasajera que llegan a las curules sin conocimientos jurídicos. La reforma propuesta agregaría una fracción IV al artículo 36: “Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho”.

El activista Armando Blanco Osorio, de la agrupación Causa Común por Puebla, anunció este día el respaldo absoluto a la iniciativa y la formalización de una alianza con Poblanos Unidos. El objetivo es conjunto: exigir al Congreso que discuta, dictamine y no deje “pudrir” la propuesta, como ha ocurrido con tantas otras iniciativas ciudadanas que duermen el sueño de los justos.

La argumentación de fondo es sólida. El documento oficial entregado el 23 de junio al presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Marcos Castro Martínez, recuerda que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de expedir leyes para el buen gobierno y el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Para cumplir esa tarea no basta la simpatía popular: se requieren conocimientos profesionales idóneos. Como prueba del déficit actual, citan el cúmulo de juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad perdidas ante la Suprema Corte (entre ellas las acciones 9/2022 y acumuladas, y la 61/2021 sobre la Ley del Notariado).

La petición se enmarca, además, en el derecho humano a un buen gobierno, reconocido por tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un Congreso profesional no es un capricho elitista: es una exigencia ciudadana para que las leyes dejen de ser improvisadas y empiecen a resistir el escrutinio judicial y el impacto real en la vida de los poblanos.

Por supuesto, la propuesta generará resistencias. Habrá quien diga que limitar el acceso a quienes no son abogados es discriminatorio o que el pueblo debe poder elegir libremente. Sin embargo, nadie discute que un cirujano deba tener cédula profesional o que un piloto deba estar certificado. ¿Por qué, entonces, quienes elaboran las normas que rigen la vida de millones pueden llegar sin la preparación mínima en la materia que van a legislar?

Sacar esta iniciativa de la congeladora no es solo un acto de voluntad política. Es una oportunidad para que Puebla dé un paso serio hacia la profesionalización del servicio público y deje de ser tierra fértil para los improvisados de siempre. El Congreso tiene la palabra. La ciudadanía, la exigencia.