Represión y crisis, legadodel sexenio de Zedillo

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Devaluación del peso, pobreza y violaciones a derechos humanos; Rescate bancario benefició a élites empresariales, mientras millones cayeron en la pobreza

EL BOCÓN/MARCOS H. VALERIO

El sexenio de Ernesto Zedillo comenzó con el “error de diciembre” de 1994, cuando la devaluación del peso desencadenó una crisis económica devastadora. La pobreza se disparó, afectando a millones de mexicanas y mexicanos. En respuesta, el gobierno impulsó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un rescate que destinó millonarios recursos públicos a salvar bancos, beneficiando a una cúpula empresarial mientras las familias enfrentaban deudas impagables y desempleo.

Esta medida, conocida como la “ley Zedillo”, priorizó a los acreedores sobre los deudores, desatando la indignación de movimientos como El Barzón, que exigía justicia financiera con el lema “debo, no niego; pago lo justo”.

REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
Más allá de la crisis económica, el gobierno de Zedillo se caracterizó por una represión brutal contra quienes se opusieron a sus políticas. Movimientos sociales, comunidades indígenas, liderazgos de izquierda y grupos insurgentes fueron blanco de una violencia estatal que marcó al sexenio con sangre.

El 28 de diciembre de 1995, la masacre de Aguas Blancas en Guerrero dejó 17 campesinos muertos y 23 heridos. Miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron atacados por policías y judiciales mientras protestaban por la desaparición de un compañero. Aunque el gobierno estatal intentó culpar a las víctimas, la evidencia desmintió esta versión, forzando la salida del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien, sin embargo, evadió la justicia gracias a su fuero.

Dos años después, el 22 de diciembre de 1997, la masacre de Acteal, en Chiapas, conmocionó al mundo. En el contexto del levantamiento zapatista, un grupo paramilitar atacó a la comunidad indígena Las Abejas, asesinando a 45 personas, incluidas mujeres embarazadas y niños, durante más de ocho horas. Emilio Chuayffet, entonces secretario de Gobernación, admitió haber conocido el clima de violencia en la región, pero el gobierno federal eludió su responsabilidad. No fue hasta 2020, 23 años después, que el Estado reconoció su omisión.

VIOLENCIA CONTRA INDÍGENAS: UN PATRÓN RECURRENTE
La represión no se detuvo. En junio de 1998, dos episodios más en Guerrero y Chiapas confirmaron el uso sistemático de la fuerza. En El Charco, Ayutla de los Libres, 10 indígenas y un estudiante fueron asesinados por el ejército en una consulta popular pacífica. Las víctimas, desarmadas, fueron rodeadas y ejecutadas tras una balacera de seis horas.

Días después, en El Bosque, Chiapas, un operativo militar y policiaco dejó ocho muertos, 53 detenidos y comunidades saqueadas. En ambos casos, el gobierno justificó la violencia como respuesta a supuestas amenazas, pero las evidencias apuntaron a una estrategia para sofocar la autonomía indígena.

PAPEL DEL PAN Y LOS PACTOS POLÍTICOS
La represión contó con el respaldo del PAN, aliado clave de Zedillo. Antonio Lozano Gracia, procurador general y cercano a Diego Fernández de Cevallos, fue una pieza central en el gabinete, resultado de un pacto no escrito que aseguró la victoria de Zedillo en 1994. Este acuerdo permitió al PAN ganar posiciones de poder a cambio de apoyar las políticas del PRI, incluyendo la represión de movimientos sociales.

BARZÓN Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El movimiento El Barzón, surgido en 1993 por agricultores endeudados tras el Tratado de Libre Comercio, creció con la crisis de 1994. Sus protestas, que unieron a campesinos y clase media, fueron reprimidas por el gobierno, que optó por proteger a los bancos. Además, la persecución política se extendió a la oposición: entre 1988 y 1997, más de 600 militantes del PRD fueron asesinados, crímenes que permanecen en la impunidad.

LEGADO DE IMPUNIDAD
El sexenio de Zedillo dejó un México fracturado, con una economía en crisis y un historial de violaciones a derechos humanos que aún claman justicia. Las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y El Bosque, junto con la represión de movimientos como El Barzón, reflejan una época en que el Estado priorizó el control sobre el diálogo.

A pesar de las evidencias, los responsables de estas atrocidades han evadido el castigo, y las heridas de las víctimas siguen abiertas, recordando un capítulo oscuro en la historia de México.