México envío a 29 capos a EU y «ya están cantando»

MARCOS H. VALERIO/ EL BOCÓN

En un movimiento sin precedentes, el pasado 27 de febrero de 2025, México envió a 29 capos de alto impacto a Estados Unidos, una acción que ha desatado una tormenta de revelaciones sobre la presunta colusión entre el crimen organizado y figuras políticas de alto perfil.

Entre los nombres que han surgido en las declaraciones de los narcotraficantes enviados se encuentran el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como el alcalde de Matamoros, Alberto «Beto» Granados, y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Estas acusaciones, que involucran desde financiamiento de campañas hasta protección para operar, han puesto en el centro del debate la relación entre el poder político y el narcotráfico en México.

TAMAULIPAS, El EPICENTRO
Un estado históricamente marcado por la violencia y el dominio de cárteles como el del Golfo y Los Zetas, vuelve a ser el foco de atención tras las recientes extradiciones. Entre los capos enviados a Estados Unidos se encuentra José Alberto García Vilano, alias «La Kena», líder de la facción «Los Ciclones» del Cártel del Golfo, detenido en enero de 2024 en Monterrey.

Según reportes, las autoridades estadounidenses están investigando las declaraciones de estos capos, quienes han señalado a políticos tamaulipecos como cómplices en sus operaciones.

Uno de los nombres más prominentes es el del gobernador Américo Villarreal, quien asumió el cargo en octubre de 2022.

Se señala que Edgar Alejandro Villarreal, alias «La Fresa», un narcotraficante ligado al Cártel del Golfo y detenido en Texas en enero de 2025 con casi nueve kilos de cocaína, habría implicado a Villarreal en una red de protección para actividades delictivas.

Aunque no se han hecho públicas pruebas concretas, las acusaciones han avivado las sospechas sobre el mandatario, especialmente por su presunta relación con el empresario Sergio Carmona, conocido como el «Rey del Huachicol», asesinado en 2021.

Carmona, fue señalado como un operador financiero del crimen organizado que habría apoyado la campaña de Villarreal en 2022.

Por su parte, Villarreal ha negado categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico. En un comunicado, el hijo del gobernador, Américo Villarreal Santiago, delegado de Bienestar en Coahuila, desmintió conocer a «La Fresa» y calificó las acusaciones como parte de una campaña de desprestigio.

Sin embargo, publicaciones en redes sociales como una de
@GlodeJo07
del 23 de abril de 2025, insisten en que existen pruebas de una relación directa entre el gobierno de Villarreal y líderes del Cártel del Golfo.

El contexto político en Tamaulipas no ayuda a disipar las dudas. La entidad ha sido señalada durante décadas como un bastión de la narcopolítica.

Cabe destacar que, al menos siete exgobernadores del estado, incluido Américo Villarreal Guerra, padre del actual gobernador, han sido vinculados al Cártel del Golfo o al Cártel del Noreste.

La detención de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas (2005-2010), por lavado de dinero y su proceso de extradición pendiente a Estados Unidos refuerzan la percepción de una élite política profundamente infiltrada por el crimen organizado.

BETO GRANADOS Y EL ESCÁNDALO EN MATAMOROS
Otro caso que ha sacudido a Tamaulipas es el del alcalde de Matamoros, Alberto «Beto» Granados Favila, detenido el 17 de abril de 2025 por agentes de la Patrulla Fronteriza, Homeland Security, la DEA y el FBI al intentar cruzar a Brownsville, Texas. Granados fue interrogado durante varias horas, y las autoridades estadounidenses le revocaron su visa, un hecho que el propio alcalde negó, aunque no pudo mostrar el documento cuando se lo solicitaron.

Se asegura que la visa de Granados fue destruida frente a él, y que al menos 16 funcionarios del ayuntamiento de Matamoros enfrentaron medidas similares.

El caso de Granados se complica por su presunta relación con Edgar Villarreal, «La Fresa». En 2020, cuando Granados era secretario de Desarrollo bajo la administración de Mario Alberto Hernández, su secretario particular fue detenido con un arma y ocho kilos de cocaína, aunque fue liberado por fallas en el debido proceso.

Además, Matamoros, bastión histórico del Cártel del Golfo, está bajo el control de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias «El Contador», un capo prófugo con orden de extradición.

Las autoridades estadounidenses consideran al ayuntamiento de Matamoros una «organización criminal terrorista».

Cabe destacar que, Granados iba acompañado de un político priista identificado como Grimaldo, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su identidad o su papel en el incidente.

Este hecho ha levantado especulaciones sobre una red de complicidades que trasciende partidos políticos, un fenómeno recurrente en Tamaulipas, donde el PRI, el PAN han sido señalados por nexos con el crimen organizado.

SILVANO AUREOLES: MICHOACÁN BAJO ESCRUTINIO
En Michoacán, el exgobernador Silvano Aureoles (2015-2021) enfrenta graves acusaciones que lo vinculan al crimen organizado y a desvíos millonarios.

El 1 de marzo de 2025, cuatro exfuncionarios de su administración fueron detenidos por el desvío de 5 mil 186 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales.

La Fiscalía General de la República (FGR) también ha emitido una orden de aprehensión contra Aureoles, quien se encuentra fuera de México y es considerado prófugo.

Aureoles, exmilitante del PRD, ha sido un crítico feroz del gobierno de Morena y del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusó en 2021 de aliarse con el crimen organizado para ganar las elecciones.

Sin embargo, las tornas han cambiado. La FGR lo señala por un esquema de arrendamiento irregular que causó un daño millonario al erario, y su caso se enmarca en una estrategia más amplia para desmantelar la «gobernanza criminal» en México.

Publicaciones en redes sociales, como las de
@juncalssolano
y
@FreddyOliviery
del 26 y 23 de abril de 2025, respectivamente, acusan a Aureoles de asociación delictuosa y desvíos, y critican al Poder Judicial por supuestamente protegerlo.

Sin embargo, estas afirmaciones deben tomarse con cautela, ya que carecen de evidencia judicial pública.

Lo cierto es que Michoacán, al igual que Tamaulipas, ha sido un terreno fértil para la colusión entre políticos y cárteles, con grupos como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejerciendo un control significativo.

CONTEXTO: ENVÍOS Y PRESIÓN INTERNACIONAL
La extradición de 29 capos, incluidos nombres como Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales (líderes de Los Zetas), y Vicente Carrillo Fuentes («El Viceroy» del Cártel de Juárez), responde a la presión de Estados Unidos, que amenaza con imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas si no se intensifica la lucha contra el narcotráfico.

Esta acción, coordinada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca demostrar resultados en la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que las negociaciones bilaterales con Washington son críticas.

Sin embargo, las extradiciones también han abierto una caja de Pandora. Los capos, enfrentados a posibles penas de muerte en Estados Unidos, están proporcionando información sobre políticos y funcionarios que presuntamente les brindaron protección.

Este fenómeno no es nuevo: en 2017, InSight Crime documentó cómo la colusión entre élites políticas y el crimen organizado en Tamaulipas se remonta a los años 30, con figuras como Juan Nepomuceno Guerra, fundador del Cártel del Golfo