Exhibe Harfucha jueces corruptos
▪️Liberaciones y traslados de presuntos criminales alarman a la SSPC
MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, denunció que, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, se han registrado 193 resoluciones judiciales que han beneficiado a presuntos criminales, incluyendo liberaciones, traslados a penales de mínima seguridad y cambios de medidas cautelares, muchos de ellos ligados a delitos graves como homicidio, secuestro y portación de armas de fuego.
En conferencia de prensa, Harfuch detalló que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se concretaron 164 cambios de medida cautelar, dos egresos definitivos y 27 traslados de reos de alta peligrosidad a centros penitenciarios de menor seguridad, pese a la oposición de la SSPC.
El funcionario señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, como uno de los principales responsables de facilitar la liberación de operadores de cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.
Entre los casos destacados, Harfuch mencionó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, del Cártel de Sinaloa, al penal estatal de Aguaruto el 24 de abril de 2025, donde posteriormente se encontraron drogas, armas y dinero.
Otros casos incluyen la liberación en enero de 2023 de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo; la no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, alias La Pingua, en marzo de 2024; y la revocación de prisión preventiva a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, en noviembre de 2024.
Asimismo, el secretario señaló a otros jueces como Silvestre Peña Crespo, en Guanajuato, responsable de cinco traslados de internos peligrosos, y a Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, en Sonora, quienes emitieron 58 y 15 resoluciones favorables, respectivamente, a presuntos delincuentes.
La SSPC expresó su preocupación por el impacto de estas decisiones en la seguridad pública y llamó a una revisión urgente de los criterios judiciales para evitar que sigan beneficiando a miembros de organizaciones criminales.
