Remesas mexicanas en la mira de Trump

▪️Envío de dinero de migrantes en el 2024 superó el billón de pesos

MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN

En el corazón de millones de hogares mexicanos, las remesas son más que dinero: son el sustento, la esperanza y el puente que une a familias separadas por la frontera. En 2024, los envíos de los migrantes mexicanos desde Estados Unidos superaron un hito histórico al rebasar el billón de pesos, consolidándose como la principal fuente de divisas del país, por encima del petróleo y la industria automotriz. Sin embargo, este flujo vital enfrenta una amenaza sin precedentes desde el Congreso estadounidense, donde una propuesta republicana busca gravar con un impuesto del 5% las remesas enviadas por trabajadores indocumentados.

La iniciativa, impulsada por el congresista Jason Smith como parte del ambicioso proyecto legislativo The One, Big, Beautiful Bill, pretende que las empresas de envío de dinero retengan el 5% de cada transacción realizada por migrantes sin estatus legal, dejando exentos a ciudadanos estadounidenses y a quienes cuentan con documentación oficial, como la green card o visas laborales temporales.

Este gravamen, que afectaría a más de 40 millones de personas, ha desatado una oleada de críticas tanto en México como en comunidades migrantes en Estados Unidos.

GOLPE A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Las remesas no son solo números en un balance. Para más de tres millones de hogares mexicanos, representan el ingreso principal que cubre necesidades básicas como alimentos, educación y salud.

En abril de 2024, los mexicanos en Estados Unidos enviaron 5 mil 150 millones de dólares, con un promedio de 383 dólares por transacción, según datos del Banco de México. Cada peso cuenta, y un impuesto del 5% podría reducir significativamente el poder adquisitivo de las familias receptoras.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, advierte que la medida podría tener un efecto inmediato: “Es probable que veamos un aumento temporal en los envíos antes de que el impuesto entre en vigor, pero a largo plazo, estimamos una caída de hasta 3 mil 200 millones de dólares anuales”.

Este impacto no solo afectaría a las familias, sino también a la economía mexicana, que depende de las remesas como un pilar clave de estabilidad financiera.

RESPUESTA DESDE MÉXICO
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dudado en calificar la propuesta como “discriminatoria e injusta”. En una de sus conferencias matutinas, la mandataria señaló que los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, ya contribuyen significativamente a la economía estadounidense mediante el pago de impuestos. “Gravar las remesas es castigar doblemente a quienes trabajan arduamente y envían dinero a sus familias”, afirmó.

Sheinbaum también destacó que en algunos estados de Estados Unidos, como Texas y California, las remesas ya enfrentan impuestos locales, lo que agrava la carga fiscal para los migrantes. En un gesto de unidad poco común, el Senado mexicano, con el respaldo de todas las fracciones políticas, envió una carta de protesta a Washington, exigiendo que se reconsideren las medidas que afectan directamente a la comunidad mexicana.

PROPUESTA CON RAÍCES POLÍTICAS
La idea de gravar las remesas no es nueva. En diciembre pasado, el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, propuso un impuesto aún más alto, del 10%, como parte de una agenda para financiar políticas migratorias restrictivas. La versión actual, integrada en The One, Big, Beautiful Bill, refleja el endurecimiento de la retórica republicana en la Cámara de Representantes, donde se busca combinar medidas fiscales con políticas antiinmigrantes.

Para los migrantes, la amenaza es clara: un impuesto sobre las remesas no solo encarecería el envío de dinero, sino que también podría desincentivar los flujos formales, empujando a muchos a recurrir a canales informales, menos seguros y regulados. “Es una medida que castiga a los más vulnerables”, sentencia Siller.

VOCES DE LA DIÁSPORA
En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, donde residen millones de mexicanos, la noticia ha generado preocupación. María González, una trabajadora de la construcción en Texas que envía 300 dólares mensuales a su familia en Michoacán, expresa su frustración: “Ya pagamos impuestos aquí, trabajamos jornadas largas, y ahora quieren quitarnos más. Ese dinero es para que mis hijos coman y estudien. ¿Cómo no va a ser injusto?”.

Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, han comenzado a movilizarse, exigiendo que el gobierno mexicano negocie con Washington para proteger los intereses de la diáspora. “No podemos permitir que se castigue a quienes sostienen a sus familias y a la economía de México”, señala un comunicado reciente.