Cae “El Pajarraco”, ligadoal caso Ayotzinapa
▪️Acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada, en un nuevo capítulo del caso que marcó a México
MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN
En un golpe contundente contra el crimen organizado, elementos del Gabinete de Seguridad capturaron en Hidalgo a Juan Miguel “N”, alias “El Pajarraco”, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
La detención, realizada en la colonia Centro del municipio de Almoloya, reaviva la esperanza de esclarecer uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente de México, mientras las autoridades redoblan esfuerzos para llevar justicia a las víctimas y sus familias.
El operativo, ejecutado con precisión quirúrgica, fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).
Gracias a labores de inteligencia y vigilancia estratégica en la calle Ernesto Viveros Oriente, las fuerzas federales lograron ubicar y aprehender al sujeto de 37 años, quien enfrenta cargos por delitos contra la salud, delincuencia organizada y desaparición forzada.
“A Juan Miguel ‘N’ se le informó el motivo de su detención, se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado conjunto.
VIEJO CONOCIDO DE LA JUSTICIA
No es la primera vez que “El Pajarraco” enfrenta a las autoridades. En 2018, Juan Miguel “N” fue detenido en Piedras Negras, Coahuila, tras casi cuatro años de ser buscado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, apenas dos semanas después, un juez federal ordenó su liberación, argumentando irregularidades en su detención y falta de pruebas sólidas. Durante su breve arresto, el presunto criminal ofreció un testimonio escalofriante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confesando que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“Ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”, declaró entonces, asegurando que buscaba “descargar su conciencia” debido a las pesadillas que lo atormentaban.
En aquella ocasión, “El Pajarraco” afirmó que su rol en Guerreros Unidos se limitaba a vigilar el pueblo de Apipilulco, alertando a sus cómplices sobre la presencia de extraños o autoridades. Según su relato, no portaba armas de fuego, pero participó en el traslado de los estudiantes desde Metlapa hasta el basurero de Cocula, donde, según él, fueron ejecutados e incinerados por otros miembros del cártel.
El detenido describió cómo, tras un incendio que duró horas, las cenizas de los cuerpos fueron recolectadas en ocho bolsas negras y arrojadas al río San Juan, con la intención de que la corriente las dispersara.
Sin embargo, su confesión no tuvo valor judicial, y la CNDH criticó su difusión, acusándola de intentar encubrir “ineficiencias del pasado” y obstaculizar las nuevas investigaciones.
CASO QUE NO DESCANSA
La detención de “El Pajarraco” ocurre en un momento crítico para el caso Ayotzinapa, que sigue siendo una herida abierta para México. La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron interceptados por policías municipales de Iguala y Cocula, presuntamente en colusión con Guerreros Unidos, mientras intentaban tomar autobuses para asistir a una marcha en la Ciudad de México.
Desde entonces, solo los restos de tres estudiantes han sido identificados, y las investigaciones han revelado una compleja red de complicidades que involucra a autoridades locales, federales y al crimen organizado, e incluso señalamientos al Ejército mexicano.
La llamada “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, que sostenía que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, ha sido desmentida por expertos independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes consideran científicamente inviable la quema de 43 cuerpos en ese lugar.
La actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha priorizado el esclarecimiento del caso, calificándolo como un “crimen de Estado” y apoyando los esfuerzos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
La lucha por la justicia continúa
La captura de “El Pajarraco” representa un avance significativo, pero también un recordatorio de los desafíos pendientes. La reciente absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por falta de pruebas en el caso de los normalistas, y la liberación previa de otros implicados, como el propio Juan Miguel “N”, han generado indignación entre las familias de las víctimas, que exigen justicia y verdad.
