Detención de la exmagistrada Lambertina N, pieza clave para saber la verdad de los 43 normalistas desaparecidos

▪️Exministra, pieza clave para aclarar el caso
▪️Acusada de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia

MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN

La detención de la exmagistrada Lambertina N. en Chilpancingo marca un parteaguas en la lucha contra la impunidad, mientras el renovado sistema judicial promete desentrañar la red de encubrimiento que ocultó la verdad sobre los 43 normalistas.

En la madrugada del 14 de mayo de 2025, un operativo sigiloso de la Policía Federal Ministerial y la Guardia Nacional irrumpió en un exclusivo fraccionamiento de Chilpancingo, Guerrero, para detener a Lambertina N., una exmagistrada federal de 79 años señalada por su papel en el encubrimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Acusada de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, su captura no solo desmantela una pieza clave de la red de impunidad que por una década protegió a los responsables, sino que simboliza el despertar de un nuevo Poder Judicial mexicano, comprometido con la verdad y la justicia.

“La justicia se vendió y los jueces callaron”, han gritado por años los familiares de los normalistas; hoy, con un sistema judicial renovado, México está más cerca de esclarecer uno de los capítulos más oscuros de su historia. Este reportaje especial explora cómo la detención de Lambertina N. marca un punto de inflexión en el caso Ayotzinapa y señala el fin de una era de complicidad institucional.

Con la detención de Lambertina N. no solo es un golpe a la red de encubrimiento que protegió a los responsables de Ayotzinapa, sino una señal de que el México de 2025 está decidido a cerrar las heridas del pasado. Los familiares de los 43, que han enfrentado una década de dolor y promesas incumplidas, ven en este nuevo Poder Judicial una esperanza renovada. “Por primera vez, sentimos que alguien nos escucha”, dijo un padre frente a la Ciudad Judicial de Iguala, donde las protestas anuales han sido un símbolo de resistencia.
Sin embargo, el camino hacia la verdad es largo. La red de complicidad que Lambertina N. representaba podría implicar a más jueces, militares y políticos, cuyos nombres aún están por revelarse.

EXMAGISTRADA EN EL CENTRO DEL ESCÁNDALO
En la madrugada del 14 de mayo de 2025, a las 05:40 de la madrugada, mientras Chilpancingo aún estaba sumido en el silencio, Lambertina N. fue sorprendida en su residencia. Requirió atención médica por hipertensión, según medios locales, pero no pudo escapar de las acusaciones que la persiguen desde hace años. Como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero en 2014, Lambertina tuvo un rol estratégico en el sistema judicial durante los trágicos eventos de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales y el cártel Guerreros Unidos.

Su detención, ejecutada tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Control de Toluca, se centra en su presunta responsabilidad en la desaparición de grabaciones clave de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que habrían captado el momento exacto en que los normalistas fueron raptados frente a las instalaciones judiciales.

La exmagistrada, según la carpeta de investigación, ordenó en 2014 la destrucción de estas grabaciones, argumentando que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”. Sin embargo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2022 para esclarecer el caso Ayotzinapa, reveló que esta acción fue deliberada para ocultar evidencia crucial.

Bajo su mando, empleados del TSJ como Javier Uribe Iturbe, del área de informática, y Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento, habrían seguido instrucciones para eliminar el material audiovisual, un acto que obstaculizó gravemente las investigaciones y alimentó la indignación de los familiares de los 43, quienes cada año protestan frente a la Ciudad Judicial de Iguala exigiendo justicia.

NUEVO PODER JUDICIAL: LA ESPERANZA DE LA VERDAD
La detención de Lambertina N. llega en un momento crucial para México, tras la reforma al Poder Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca erradicar la corrupción y garantizar la independencia de los jueces.

Este nuevo sistema, caracterizado por una mayor transparencia y la participación ciudadana en la selección de magistrados, está decidido a desmantelar las redes de encubrimiento que, como en el caso de Lambertina, protegieron a responsables de crímenes de alto impacto.

“Con el nuevo Poder Judicial, la verdad sobre Ayotzinapa saldrá a la luz”, afirmó un vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la captura, subrayando que la renovación judicial permite enfrentar sin temor a las estructuras de impunidad que por años operaron en las sombras.

La captura de la exmagistrada no es un hecho aislado. Seis meses antes, en noviembre de 2024, Alejandro Benítez Palacios, alias “El Cholo”, uno de los principales operadores de Guerreros Unidos durante los hechos de 2014, fue detenido en Tlatlaya, Estado de México.

Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado para desarticular la red de complicidad que involucra a funcionarios judiciales, políticos y criminales.

La carpeta de investigación contra Lambertina, que incluye cargos por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, detalla cómo sus decisiones judiciales frenaron órdenes de aprehensión contra mandos militares y obstaculizaron pruebas periciales internacionales, perpetuando la “verdad histórica” que culpaba exclusivamente al crimen organizado y eximía a autoridades estatales.

AYOTZINAPA: UNA DÉCADA DE DOLOR Y LUCHA
Cabe recordar que, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala para tomar autobuses y asistir a la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México. En un ataque coordinado, fueron interceptados por policías municipales en colusión con Guerreros Unidos, y desde entonces permanecen desaparecidos.

El caso, que conmocionó al mundo, expuso la colusión entre autoridades, crimen organizado y sectores del Poder Judicial, como lo evidencian las acciones de Lambertina N. La “verdad histórica” impulsada por la PGR en aquel entonces fue desmontada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló la participación de mandos militares y la manipulación de evidencias, incluyendo la desaparición de las grabaciones del Palacio de Justicia.

Por una década, los familiares de los 43 han marchado incansablemente, enfrentando un sistema judicial que, en palabras de los manifestantes, “se vendió y calló”. La detención de Lambertina N. es una respuesta a su lucha, pero también un recordatorio de los obstáculos que persisten. En 2022, órdenes de aprehensión contra funcionarios como Galeana N., también señalada por delitos similares, fueron canceladas, lo que generó sospechas de protección institucional.

Hoy, el nuevo Poder Judicial, con jueces electos bajo un sistema más transparente, promete no repetir esos errores. “No queremos venganza, queremos justicia y verdad”, expresó una madre de los normalistas frente a la Suprema Corte, sosteniendo una pancarta con el rostro de su hijo.

TERREMOTO INSTITUCIONAL EN MARCHA
La captura de Lambertina N. ha desatado un terremoto en el sistema judicial mexicano. Horas después de su detención, el Consejo de la Judicatura Federal anunció una investigación interna contra otros magistrados y jueces del circuito penal de Guerrero y el Estado de México, sospechosos de formar parte de la misma red de encubrimiento.

En las calles de Chilpancingo, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, miles de personas, incluidos jóvenes nacidos después de 2014, marcharon al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la detención forma parte de una investigación más amplia, apoyada por la FGR y la Comisión para la Verdad, que busca identificar a todos los responsables de la desaparición de los 43, desde sicarios hasta funcionarios de alto nivel. La reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces y un Consejo de la Judicatura fortalecido, está permitiendo revisar decisiones pasadas que pudieron ser dictadas por lealtades al poder en lugar de la ley. “El nuevo Poder Judicial no será cómplice de la impunidad. La verdad sobre Ayotzinapa se sabrá, cueste lo que cueste”, afirmó un integrante de la Comisión para la Verdad.