Ordena Corte liberar a Juana Hilda González por caso de Wallace Miranda
El BOCÓN
Ciudad de México.—– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Juana Hilda González Lomelí tras 19 años de prisión injustificada.
La acusación se basó en confesiones sin garantías y posibles actos de tortura.
Por mayoría de cuatro votos, los ministros de la Primera Sala otorgaron amparo liso y llano.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluyó que las pruebas eran insuficientes.
Las declaraciones se obtuvieron en un centro de arraigo sin presencia judicial.
No existieron evidencias para probar que fueron voluntarias o sin coacción psicológica.
Los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Juan Luis González Alcántara Carrancá avalaron el proyecto.
Jorge Pardo Rebolledo fue el único en contra.
CELEBRA LA DEFENSA
La Corte consideró que las confesiones fueron obtenidas bajo intimidación.
Por tanto, no podían sustentar una sentencia válida contra la acusada.
La decisión representó un revés para la Fiscalía General de la REPÚBLICA (FGR).
Bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, intentó frenar la liberación de González Lomelí.
La defensa legal de la mujer corrió a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Este organismo celebró el fallo y pidió replicar el criterio en otros acusados.
Existen al menos cuatro personas más procesadas por el mismo caso.
La defensa sostuvo que sus expedientes comparten irregularidades similares al de González.
EXPEDIENTE CUESTIONADO
El expediente se originó en 2005 por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.
La denuncia fue impulsada por su madre, Isabel Miranda de Wallace.
Ella difundió rostros de los presuntos responsables en espectaculares.
Esa estrategia mediática le valió reconocimiento público y espacios en medios nacionales.
La entonces PGR respaldó su versión de los hechos.
Afirmó que el empresario fue asesinado y descuartizado en un departamento de Cdmx.
Sin embargo, nunca se encontró el cuerpo.
La narrativa oficial ha sido objeto de numerosas impugnaciones por defensores y periodistas.
TORTURA Y FABRICACIÓN DE PRUEBAS
La versión oficial señaló a seis presuntos responsables.
Entre ellos figuraron Juana Hilda González, César Freyre Morales, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Todos fueron acusados de delincuencia organizada y secuestro.
Sus sentencias superaron varias décadas de prisión.
Durante años surgieron evidencias de tortura y detenciones ilegales.
La ONU calificó de arbitraria la detención de Brenda Quevedo Cruz.
También se documentaron pruebas sembradas.
Entre ellas, una gota de sangre hallada meses después del supuesto crimen sin cadena de custodia válida.
SISTEMA JUDICIAL BAJO LUPA
Periodistas y defensores han desmentido parte del expediente.
Cuestionaron la narrativa central de Isabel Miranda y su relación con autoridades judiciales.
Han señalado que el caso representa un ejemplo paradigmático de fabricación de culpables.
La falta de pruebas objetivas reforzó esa hipótesis.
Las denuncias de tortura psicológica y física resultaron reiteradas.
Aun así, durante casi dos décadas no se revisaron con profundidad.
La sentencia de la Suprema Corte podría abrir la puerta a nuevas liberaciones.
Los defensores argumentaron que el mismo patrón se repitió en los demás procesados.
