⚫️Funcionarios involucrados en la compra irregular de 650 claves de medicamentos; la presidenta reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector salud

EL BOCÓN

Ciudad de México.–En el marco de la conferencia de prensa «La Mañanera del Pueblo», encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de la Función Pública y zar anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, reveló avances significativos en las investigaciones sobre irregularidades detectadas en la compra de medicamentos, reafirmando el compromiso del gobierno con la política de «Cero Impunidad».

Informó que la empresa BIOMEDICS fue inhabilitada tras comprobarse la falsificación de documentación presentada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Este caso, que pone en evidencia prácticas fraudulentas en el sector farmacéutico, es solo la punta del iceberg en una investigación que abarca a 16 empresas del ramo, todas bajo escrutinio por presuntas anomalías en los procesos de licitación y suministro de medicamentos.

La funcionaria destacó que, tras declararse la nulidad del proceso de compra de 650 claves de medicamentos debido a irregularidades, las autoridades han retomado los procedimientos con estrictos controles para garantizar transparencia y legalidad. «No habrá tolerancia para quienes busquen lucrar a costa de la salud de las y los mexicanos», enfatizó Buenrostro.

El alcance de la investigación no se limita a las empresas. La Secretaría de la Función Pública tiene en la mira a todos los funcionarios públicos que participaron en los procedimientos señalados, con el objetivo de identificar y sancionar cualquier acto de corrupción o negligencia.

«Se investigará hasta las últimas consecuencias, sin importar el cargo o la posición», aseguró la zar anticorrupción.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, respaldó las acciones de la Secretaría de la Función Pública y reiteró que la lucha contra la corrupción es una prioridad de su administración. «La salud es un derecho, no un privilegio, y no permitiremos que se juegue con el bienestar de la población», afirmó.

Este escándalo en el sector salud pone de manifiesto los retos que enfrenta el gobierno para erradicar prácticas corruptas arraigadas en la gestión pública.

Mientras las investigaciones avanzan, la ciudadanía espera resultados concretos que no solo castiguen a los responsables, sino que también fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en un área tan sensible como el abasto de medicamentos.