La autonomía del INE es imprescindible, pero costosa, urge revisión: Claudia Sheinbaum Pardo
▪️Objetivo, garantizar eficiencia sin comprometer su independencia
▪️Elevado gasto en elecciones demanda una reestructuración
MARCOS H. VALERIO/EL BOCÓN
En un país donde la democracia ha sido una conquista ardua, el Instituto Nacional Electoral (INE) se erige como un pilar fundamental para garantizar elecciones libres y transparentes. Sin embargo, durante “La mañanera del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró una postura que, aunque matizada, ha encendido el debate: el INE debe seguir siendo autónomo, pero su gasto excesivo en la organización de comicios requiere una revisión urgente.
Sus palabras no solo reflejan la necesidad de optimizar recursos en un contexto de austeridad, sino que abren la puerta a una discusión más profunda sobre el equilibrio entre la independencia del organismo y la eficiencia en el uso del dinero público.
La autonomía del INE es un logro histórico que México no puede darse el lujo de perder. Desde su creación en 2014, como heredero del IFE, el Instituto ha demostrado ser un árbitro confiable en procesos electorales complejos, enfrentando presiones de partidos, gobiernos y actores externos.
Su papel en la organización de elecciones limpias, como las de 2018 y 2024, ha sido clave para consolidar la alternancia política y dar legitimidad a los resultados. Sin embargo, Sheinbaum tiene un punto válido al señalar que el costo de operar este organismo es desproporcionado, especialmente en un país donde las necesidades sociales, educación, salud, infraestructura, compiten por un presupuesto limitado.
El INE, con un presupuesto anual que supera los 20 mil millones de pesos en años electorales, se ha convertido en uno de los organismos electorales más caros del mundo. Gran parte de este gasto se destina a la logística de los comicios: instalación de casillas, capacitación de funcionarios, impresión de boletas y sistemas de conteo. Si bien estas tareas son esenciales, la pregunta es si podrían realizarse con mayor eficiencia sin comprometer la calidad ni la autonomía del proceso.
Por ejemplo, el uso de tecnologías digitales, la optimización de recursos humanos y la reducción de gastos administrativos podrían aligerar la carga financiera sin poner en riesgo la imparcialidad del Instituto.
La propuesta de Sheinbaum, no debe interpretarse como un ataque a la autonomía del INE, sino como un llamado a la responsabilidad fiscal. La narrativa de la Cuarta Transformación ha puesto énfasis en la austeridad como principio rector, y es lógico que un organismo tan costoso como el INE sea sometido a escrutinio.
Sin embargo, la presidenta debe ser cuidadosa en cómo articula y ejecuta esta revisión. Cualquier reforma que busque reducir los gastos del INE debe garantizar que no se traduzca en una merma de su independencia ni en una puerta abierta para la injerencia gubernamental.
La historia de México está plagada de ejemplos de instituciones debilitadas bajo el pretexto de la “eficiencia”, y el INE no puede convertirse en uno más.
